El pasado 28 de mayo del 2024, el Gobierno de la Republica a través del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, en el marco de la crisis ambiental que golpea a la sociedad hondureña producto de la quema del bosque y la contaminación del aire, entre sus resoluciones principales destaca la creación de la Comisión “Cero Deforestación al 2029”.
Las resoluciones y medidas acontecen en un contexto de país marcado por una ola imparable de incendios, contaminación del aire y de calor, que según fuentes oficiales en lo que va del 2024 se contabilizan más de 4.800 hectáreas afectadas por 146 incendios forestales.
Ante las resoluciones las organizaciones de La Vía Campesina de Honduras, nos pronunciamos en los siguientes términos:
1. Sostenemos que la neoliberalización del medio ambiente, el territorio y la colonización de la naturaleza, históricamente han sido motivada por un modelo económico capitalista y extractivista que vía una serie de concesiones han entregado los principales bienes comunes naturales (tierra, agua y bosque) al capital extranjero y a un gran sector empresarial nacional. El resultado ha sido la destrucción de ecosistemas, deforestación masiva del bosque, contaminación del agua, la erosión de suelo y la contaminación del aire, afectando de manera directa a comunidades urbanas y comunidades rurales.
2. Valoramos el esfuerzo del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, por ubicar en la agenda pública la crisis ambiental que golpea a la población y que afecta de manera directa a los sectores vulnerabilizados y excluidos de la sociedad hondureña. Estos esfuerzos son un imperativo importante para hacerle frente de manera estratégica a los efectos de la crisis climática y a los aspectos de fondo que determinan la crisis ambiental, en relación a la deforestación masiva del bosque y la contaminación del aire.
3. Reiteramos de manera critica y preocupante, que las grandes decisiones políticas del país se sigan ventilando en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, estructura militar creada por la Narcodictadura del Partido Nacional responsable de militarizar la sociedad y debilitar el Estado de Derecho. Estas acciones generan grandes bloqueos en los esfuerzos por Refundar el Estado y abrir canales efectivos de comunicación entre el gobierno y la sociedad, orientado a sentar las bases para un proceso amplio de democratización política y social.
4. A las organizaciones campesinas e indígenas les resulta antidemocrático que los militares sigan al frente de las grandes problemáticas sociales del país, en detrimento de las garantías constitucionales básicas, la convencionalidad internacional y los principios de un Estado de Derecho. Históricamente han sido los militares los encargados de proteger el bosque y la naturaleza y el resultado ha sido abiertamente negativo, es por esto, que seguir sosteniendo la premisa de la militarización del territorio para proteger el bosque y el medio ambiente, no está acorde al contexto y la realidad del país.
5. Exponemos abiertamente que la crisis climática que atraviesa el país en sus diferentes variantes y manifestaciones requiere al menos de cuatro enfoques en su abordaje.
a.- Primero, el diseño de una nueva institucionalidad de naturaleza ambiental y ecológica, que responda de manera estratégica a los retos y desafíos de la gestión ambiental en el Siglo 21.
b.- Segundo, promover medidas de políticas y programas que refuercen la soberanía territorial y ambiental de las comunidades, para que sean estos actores que de manera democrática gestionen el territorio y sus bienes comunes naturales.
c.- Tercero, se torna necesario avanzar en la creación de una nueva generación de políticas ambientales que pongan en el centro los derechos de la naturaleza y la gobernanza territorial de los bienes comunes naturales.
d.- Cuarto la urgencia al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo la importancia de adoptar el Acuerdo de ESCAZU que es una herramienta para tener una hoja de ruta que le permite a los Estados avanzar hacia un desarrollo sostenible concebido desde una visión altamente democrática con la participación de todos y todas, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas a partir de una mirada integral.
Tegucigalpa, MDC., 28 de mayo, 2024.
