En el marco del Día de Lempira, Día de la Identidad Nacional, las organizaciones territoriales, indígenas, garífunas, campesinas, sindicales, populares y comunitarias que integramos la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras nos pronunciamos desde una posición unitaria, pacífica y democrática.
El 20 de julio debe recuperar la memoria histórica de la resistencia frente al despojo, el racismo, la dominación y la pérdida de soberanía. Lempira, Cicumba, Baraúnda y Satuyé representan luchas que siguen vivas en la defensa de la tierra, los territorios, los bienes comunes y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
Esta conmemoración ocurre en un momento político marcado por la continuidad y profundización de un proyecto de despojo territorial impulsado durante los gobiernos nacionalistas, no desmontado por la administración de LIBRE y fortalecido en los primeros meses del actual gobierno. Este proyecto combina privilegios para los sectores empresariales, industriales y extractivos con el debilitamiento de las instituciones públicas, la restricción del espacio cívico y la persecución contra quienes defienden derechos colectivos.
Su principal expresión es la consolidación de un andamiaje legal integrado por los decretos 93-2021, 84-2026 y 107-2026, que facilita desalojos, criminaliza la protesta, desconoce procesos de recuperación territorial y amplía la protección estatal de los intereses industriales y empresariales. Este marco se combina con el fortalecimiento de los aparatos de seguridad, la ampliación de las respuestas punitivas yuna preocupante tendencia a la militarización de la sociedad y de la gestión de los conflictos sociales y territoriales, desplazando el diálogo, la mediación civil y la atención de sus causas estructurales.
A ello se suman el debilitamiento de las instituciones responsables de garantizar los derechos agrarios, ambientales y humanos; el retorno de Honduras al CIADI; la amenaza de consolidar las ZEDE existentes o impulsar figuras equivalentes, así como la aceleración de licencias y proyectos extractivos sin participación efectiva de las comunidades.
También denunciamos el incumplimiento sistemático de las sentencias internacionales en favor de las comunidades garífunas, la expansión del control territorial de estructuras vinculadas al crimen organizado y su utilización para infiltrar, intimidar o atacar organizaciones populares. El aumento del costo de los combustibles, la energía, el transporte y los alimentos, sumado a la escasez de agua, la sequía y la falta de respuestas estatales, profundiza la pobreza, la inseguridad alimentaria y las desigualdades, afectando especialmente a las comunidades rurales, las mujeres y la juventud.
Frente a este escenario, exigimos:
• La derogación inmediata de los decretos 93-2021, 84-2026 y 107-2026, así como la resolución pronta, independiente y efectiva de los recursos constitucionales interpuestos contra estas normas y sus efectos.
• El cese de la estigmatización, la criminalización y la persecución penal contra las organizaciones y los liderazgos campesinos, indígenas, garífunas y populares, especialmente de las campañas que pretenden vincular sus luchas con el crimen organizado o presentarlas como amenazas al orden público.
• El abandono de toda estrategia orientada a la militarización de la sociedad hondureña y de los territorios, así como de cualquier ampliación del papel de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles y en la gestión de la conflictividad social.
• La suspensión inmediata de toda amenaza, orden o iniciativa de desalojo y el establecimiento de una moratoria nacional mientras se resuelven los recursos constitucionales y se atienden las causas agrarias y territoriales de fondo.
• La instalación de un mecanismo nacional vinculante, con participación directa de los pueblospara resolver los conflictos agrarios y territoriales, atender la mora agraria y garantizar tierras, títulos definitivos, derechos ancestrales y acuerdos de cumplimiento efectivo.
• Que las tierras administradas por la OABI que cuenten con sentencias firmes sean destinadas prioritariamente a fines de reforma agraria y beneficio social, resolviendo favorablemente su adjudicación en favor de los grupos campesinos que actualmente las poseen, trabajan y hacen producir.
• El reconocimiento de la producción campesina, indígena y garífuna como base de la soberanía y la seguridad alimentaria del país, y no como una amenaza a la propiedad privada o al orden público.
• El respeto a los títulos comunitarios, las tierras de reforma agraria y los territorios ancestrales, así como la garantía de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado ante toda medida o proyecto que afecte a los pueblos indígenas y garífunas.
• La suspensión de los mecanismos exprés de licenciamiento ambiental y de los proyectos extractivos que no garanticen protección ambiental, participación comunitaria y respeto a los derechos territoriales.
• La paralización definitiva de cualquier intento de consolidar las ZEDE existentes o crear figuras equivalentes que amenacen la soberanía nacional, la integridad territorial y los derechos de los pueblos.
• El cumplimiento inmediato e integral de las sentencias internacionales en favor del pueblo garífuna, junto con el fortalecimiento técnico, presupuestario e institucional del INA y de las entidades responsables de garantizar los derechos agrarios, ambientales, territoriales y humanos.
Desde todas las regiones del país reafirmamos que la resistencia de los pueblos continúa viva. Frente al despojo, la persecución y el autoritarismo, seguiremos construyendo unidad, organización y movilización pacífica para defender nuestros territorios y nuestro derecho a decidir el futuro de Honduras.
Tegucigalpa, M. D. C., 20 de julio de 2026.
