Escrito por: Engels López*
Este análisis tiene como objetivo problematizar la Ley del Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y las Reformas al Código Penal, a la luz de los proyectos políticos agrarios en disputa en Honduras y los procesos de desterritorialización que históricamente ha generado la Agroindustria en la sociedad hondureña. A través de una serie de estadísticas se va problematizando la forma en la cual la agroindustria tensiona y debilita las relaciones productivas, alimentarias, organizativas y la tenencia de la tierra. Se expone una propuesta de transformación agrícola y desarrollo territorial, con el objetivo de democratizar el campo hondureño y cerrar las brechas de desigualdades económicas, sociales, territoriales, étnicas y de género y se concluye con ideas claves que permitan dimensionar el exterminio agrario que se promueve alrededor de dicha Ley.
I. Los proyectos políticos agrarios en Honduras
Honduras ha estado en un permanente crisis y conflictividad agraria, promoviendo un círculo vicioso de pobreza, migración, desempleo, desplazamiento forzado, criminalización hacia personas defensoras de la tierra y el territorio. En las últimas décadas han estado en disputas tres proyectos agrarios: i) soberanía alimentaria, ii) agricultura empresarial y, iii) neo modernización agrícola. El primero, apuesta por un nuevo proceso de reforma agraria y desarrollo rural, el segundo por reforzar el actual modelo agroexportador, manteniendo intacta su visión neoliberal y el tercero, busca transicionar de la producción de materias primas hacia un país con economía agro-industrializada, en una versión más cruda del extractivismo agrario.
En la primera propuesta el actor principal es el movimiento campesino y el movimiento socio territorial. En la segunda propuesta sobresalen los históricos sectores de la contrarreforma agraria y en particular, las familias de los grupos económicos que monopolizan la industria alimentaria: Facussé, Kafatti, Kafie, Fasquelle, Rosenthal. Los terceros, con presencia de los segundos, sobresalen sectores de la cooperación internacional y en la historia reciente el Gobierno de LIBRE, la apuesta es transicionar hacia un modelo agrario industrializado bajo la modalidad pública y privada, sin trastrocar los problemas históricos del campo: concentración de la tierra, desarticulación campo- ciudad, entre otros. En ese sentido figura la Política del Sector Agroalimentario de Honduras (PESAH) 2023-2043.
La actual propuesta de Ley del Sector Agroindustrial dialoga con el proyecto de agricultura empresarial y neo modernización agrícola. Esta Ley tiene tres referentes históricos: i) Ley de Modernización Agrícola aprobada en la década de los 90 del siglo 20, ii) leyes agrícolas y alimentarias aprobadas en el marco del golpe de Estado del 2009 y, iii) programas agrarios y alimentarios aprobados en el marco de la Pandemia de la COVID19 y la crisis climática de Eta y Iota en el 2020. La actual Ley es una extensión del régimen agrario históricamente existente y socialmente legitimado por los sectores de la agroindustria y ampliamente cuestionado por sectores del movimiento social territorial.
En esa dirección, la Ley del Sector Agroindustrial y el Decreto No 84-2026 puede analizar desde varias aristas. En este análisis se propone una mirada de análisis desde la economía política del saqueo libertario.
- La protección nacional de la producción agroindustrial, energía y turismo (artículo 1 y 2). La producción agrícola del país está en manos de reducidos sectores económicos que históricamente han implementado el despojo y el saqueo como principal medio de acumulación capitalista. Que el Estado declare la protección nacional de la agroindustria, es un franco acto de defensa de la propiedad privada y la legitimación de formas primitivas de acumulación capitalista, que históricamente han sido reproductoras del círculo vicioso de la crisis y conflictividad agraria.
- La inafectabilidad de las tierras agroindustriales (artículo 2, 3 y 6). Desde el Estado se refuerza el carácter privado y patrimonial del control sobre la tierra y el territorio. Que el Estado asuma una directa aceptación de formas monopólicas en la tenencia de la tierra y declare acciones judiciales hacia sectores organizados en recuperación de tierras, es un indicativo que está dispuesto a revivir formas feudales de control sobre la producción agraria y reabrir formas de esclavitud como las que realizaban las compañías bananeras estadounidenses.
- La protección institucional de la producción agroindustrial, energía y turismo (artículo 3 y 5). La protección institucional viene acompañada de procesos de desregularización institucional, coacción sobre la burocracia pública, la entrada en escena de la securitización inteligente del territorio, para asegurar el libre tránsito del transporte y disipar todo intento de protesta, en un marco de violencias punitivista hacia sectores organizados impulsados desde el sistema de justicia
- Desconexión de la agroindustria con el desarrollo territorial y la entrada del extractivismo agrario 2.0 (ver considerandos) Como suele pasar con las leyes que regulan la cuestión agraria y alimentaria, carecen de fundamentación teórica y sustento empírico. La Ley no explica de que forma la protección y el fortalecimiento de la agroindustria ayudara a coadyuvar esfuerzos para abrir cause a procesos de desarrollo territorial incluyentes y participativos. En contraposición se criminaliza la pobreza, se estigmatiza al sector campesino y se desconocen las desigualdades geográficas que retratan la dinámica territorial del país.
- La asociación terrorista y las violencias punitivas. Las reformas al Código Penal son un claro ejercicio de control y subordinación de las comunidades y organizaciones a la fuerza militar y policial. La no delimitación jurídica de tipificaciones se convierte en válvula de efecto derrame sobre la cual queda abierta la grieta, para que las fuerzas estatales y no estatales controlen el territorio y que el sistema de justicia emprenda acciones contra las diversas manifestaciones públicas de colectivos y fuerzas sociales organizadas.
Esta ley, al igual que las demás leyes implementadas por el actual régimen, tienen como telón de fondo: la cultura de cancelación de las clases subalternas. Ya que se naturalizan las desigualdades, normalizan la violencia y la militarización y el punitivismo como formas de control, que generan nuevos procesos de reocupación privada de lo público. El campo agrícola en particular y el territorio en general, han entrado abiertamente a una deriva libertaria, que amerita de un análisis más profundo e interdisciplinario, más allá de lo que se pueda expresar aquí.
¿Porque a una deriva libertaria? Por un lado, aparece la reocupación privada de lo público. El Estado es garante de la seguridad jurídica privada sobre los medios de producción y responsable de asegurar que los procesos de acumulación capitalista se desarrollen en un marco de seguridad jurídica, individual y no colectiva, privada y no pública. Por otro lado, la securitización inteligente y militarización del territorio. La violencia estatal y empresarial es defensiva ante la amenaza que se cierne sobre las organizaciones campesinas, a los cuales se les considera naturalmente violentos, criminales y terroristas, como lo deja entrever las recientes reformas al Código Penal. Por último, la liberalización libertaria del territorio. La falsa asociación entre propiedad privada y libre mercado, la evidencia empírica indica que para los libertarios la desregularización solo es un argumento para mercantilizar y privatizar espacios que hasta ahora han estado fuera de la tradicional zona extractiva.
En conclusión, Ley del Sector Agroindustrial invita a poner en perspectiva algunos problemas estructurales que no han sido resuelto en las últimas décadas y que, por lo tanto, iniciativas como dicha Ley agravan la crisis y conflictividad agraria, en un marco de vulneración de derechos humanos y derechos territoriales.
II. Agroindustria y la dinámica capitalista en el campo hondureño
En Honduras la crisis agraria y la conflictividad agraria la podemos ubicar alrededor de cuatro hitos históricos: modernización y reformismo militar (1554-1990), la contra reforma agraria (1991-2008), extractivismo agrario (2009-2025) y extractivismo agrario 2.0 (2026-). Estos hitos se han caracterizado por agudizar los procesos de reconcentración de la tierra, por profundizar las contradicciones sociales y económicas en el territorio rural, por debilitar la organización campesina e indigena y por crear nuevos marcos institucionales en contradicción con principios constitucionales y la convencionalidad internacional.
La agroindustria como un proyecto ligado al desarrollo del capitalismo y al extractivismo, posibilita el desarrollo de nuevas relaciones de producción en el campo, modificando a su vez el espacio, el territorio y la vida de las personas que lo habitan. A esa modificación en los estudios territoriales agrarios se les conoce como procesos de desterritorialización, considerados como un hecho social en el cual un sujeto, grupo social o comunidad pierde los vínculos con la cultura campesina e indigena y se le despoja de los referentes simbólicos que ordenan el territorio, como la organización y la producción agrícola.
En Honduras la agroindustria ha generado cinco procesos de desterritorialización: i) precarización laboral de la clase obrera agrícola, ii) despojo y concentración de la tierra, ii) transformaciones económicas y productivas, iv) transformaciones socio-organizativas y, v) la agudización de la inseguridad alimentaria. En este análisis trataremos de realizar un abordaje general de los puntos anteriores, bajo la hipótesis que la agroindustria a la vez que promueve procesos de desterritorialización moviliza nuevos procesos de territorialidad: resignificando la geografía rural, redefiniendo la frontera agrícola y creando extensas redes comerciales y financieras en los territorios, como lo demuestra la experiencia en el Bajo Aguán, el Sur y recientemente El Paraiso, el Departamento con la mayor producción agrícola del país.
Por otro lado, existe amplia evidencia empírica de la forma en la cual la desterritorialización promovida por la agroindustria reconfigura el crédito agrícola y debilita las instituciones públicas. Por razones de espacio, obviaremos en nuestro análisis estos dos aspectos.
i. La precarización laboral de la clase obrera agrícola
Durante el período del 2021 al 2025, la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del INE, establece que la rama de actividad con mayor fuerza de trabajo ocupada fue la agricultura y la ganadería, seguido del comercio al por mayor y menor y, por último, la industria manufacturera. En la agricultura y ganadería sobresalen los hombres con un promedio de 739 mil y las mujeres con un promedio de 92 mil (INE, 2021-2025). Con relación al trabajado agrícola, el campo hondureño sigue estando marcado por relaciones desiguales de género y por dinámicas patriarcales.
El Censo Agropecuario Nacional Agrícola (CAN 2023-204), establece que el 71.6% de los hombres y el 28.1% de las mujeres son productores agrícolas. Mientras que en la distribución de mano de obra agrícola (obreros agrícolas), el 86.3% son hombres y el 13.7% son mujeres. En el país existe un aproximado de 880 mil obreros agrícolas y 408 mil productores agrícolas. La mayoría de la población que se dedica a la producción agrícola se centra en edades intermedias y avanzadas, mientras que los jóvenes representan los porcentajes más bajos. El país podría estar experimentando un proceso de transición demográfica agrícola o a la inversa, una generación joven con poco interés en la producción agrícola.
Por otro lado, es importante puntualizar los ingresos promedios de las personas ocupadas en las ramas de agricultura y ganadería en el período del 2021 al 2025. Las estadísticas indican que los hombres obtuvieron un ingreso promedio de 4,754 y las mujeres de 3,525 lempiras. Mientras que los hombres en la rama de actividad de manufacturada obtuvieron un salario promedio de 10,553 y las mujeres un promedio de 6,310 lempiras. Y en el comercio al por mayor y menor, los hombres obtuvieron un salario promedio de 10,052 lempiras y las mujeres de 7,172 lempiras (INE, 2021-2025). Existe un consenso que, a mayores niveles educativos, mayores ingresos. El (CAN 2023-2024), establece que de las 408 mil personas que se dedican a la producción agrícola, 119 mil se declararon sin nivel educativo, 258 mil con nivel básica (1-9), 17 mil con nivel medio y 8 mil con nivel superior.
Las estadísticas establecen que en el período del 2021 al 2025, el 55.2% de la fuerza laboral ocupada en el sector agrícola eran asalariados y el 44.8% fueron no asalariados (INE, 2021-2025). Si bien existe una formalización del empleo en el campo agrícola, existe por otro lado una base ocupacional diversificada integrada por trabajadores independientes, familiares no renumerados y productores por cuenta propia. Los datos del (CAN 2023-2024), establece que de la mano de obra agrícola el 97.5% de los empleos son temporales y el 2.5% por contrato. Los obreros agrícolas que trabajan en el sector agrícola lo hacen en un acentuado estado de vulneración de derechos laborales.
En conclusión, la agricultura y la ganadería tienen un gran peso en la incorporación de la fuerza de trabajo en la economía hondureña. Sin embargo, las condiciones económicas son desventajadas en comparación a otras ramas de actividad y los ingresos económicos están lejos del salario mínimo establecido en la legislación hondureña. Las mujeres se encuentran en desventaja en comparación a los hombres, en términos de participación en la estructura laboral agraria y en los ingresos promedios adquiridos en el proceso laboral.
ii. Concentración de la tierra y limitados procesos de legalización
El (CAN 2023-2024), establece que la forma de tenencia hegemónica en el país es el terreno propio, consideradas como aquellos que han sido legalmente transferidos al productor por el Estado, por una persona jurídica o por una persona natural, con un total de 2 millones de hectáreas. En segundo lugar, aparecen las tierras en condición de arrendamiento, comprendida como aquellos que el productor ha otorgado a otra persona natural o jurídica mediante trato verbal o escrito a través de un pago de arrendamiento en dinero o especie. La superficie en naturaleza de arrendamiento supera las 181, 274.9 hectáreas a nivel nacional y 77,904.6 hectáreas de tierra a nivel nacional declaradas como superficies de tierra obtenidas de otra forma y no especificada por el productor. En ambos casos es muy probable que se trate de tierras en proceso de recuperación, tierras ociosas cedidas a los campesinos para que las utilicen y tierras sin ningún proceso de legalización en curso.
Tabla No 1. Tenencia de la tierra según categorías (2023-2024)
| Tenencia | Hectáreas |
| Terrenos propios | 2,443,022.1 |
| Terrenos nacionales | 51,565.5 |
| Terrenos ejidales | 28,634.8 |
| Consejo territorial | 38,237.6 |
| Mediante arrendamiento | 144,969.1 |
| Dadas en arrendamiento | 36,278.8 |
| Otras formas no especificadas | 77,904.6 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística con información del Censo Agropecuario Nacional año agrícola 2023 – 2024
Con relación a la legalización de la tierra, la realidad hondureña es dramática. El Instituto Nacional Agrario (INA), es la instancia responsable de impulsar la reforma agraria. En el período del 2014 al 2024 se han entregado un limitado número de 668 títulos de propiedad al sector reformado, representando un total 5,419.72 hectáreas y siendo beneficiados 1,423 hombres y 889 mujeres.
Tabla No 2: Títulos de propiedad y hectáreas entregadas al sector reformado según sexo (2014-2024)
| Año | Títulos | Hectáreas | Hombres | Mujeres |
| 2014 | 16 | 259.01 | 135 | 50 |
| 2015 | 63 | 730.63 | 212 | 65 |
| 2016 | 182 | 582.7 | SD | SD |
| 2017 | 63 | 165.6 | SD | SD |
| 2018 | 40 | 642.16 | 66 | 58 |
| 2019 | 30 | 218.47 | 128 | 132 |
| 2021 | 11 | 324.93 | 104 | 44 |
| 2022 | 118 | 464.69 | 118 | 53 |
| 2023 | 73 | 1,270.07 | 240 | 127 |
| 2024 | 72 | 761.46 | 420 | 360 |
| TOTAL | 668 | 5,419.72 | 1423 | 889 |
Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales del INA 2014-2024.
Los datos anteriores ponen en perspectiva que la reforma agraria no es prioridad para los gobiernos y que el sector reformado es el más deteriorado de los sectores económicos agropecuarios. Según el (CAN 2023-2024), los productores por condición jurídica se clasifican de la siguiente forma: asentamiento o grupo del sector reformado con 52 grupos, empresa cooperativa del sector reformado con 37 grupos, empresa privada o sociedad con 1,158 y 407,452 como personas naturales. La condición jurídica de la producción agraria es individual y agroempresarial.
En la dirección anterior, es importante el comportamiento del 2014 al 2024 sobre la entrega de títulos de propiedad, evidenciando que la titulación se realiza en los departamentos con bajos niveles de conflictividad agraria y donde los problemas sociales como la pobreza, desempleo y migración no son acentuados. Lo anterior evidencia la falta de planificación del desarrollo territorial con base a la producción agrícola y el fortalecimiento de la economía campesina.
Tabla No 3: Títulos de propiedad al sector reformado según departamento (201-2024)
| Departamento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
| Cortes | 1 | 16 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| Santa Bárbara | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| Yoro | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 53 |
| Choluteca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 34 | 2 | 0 | 46 |
| Valle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| Copan | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| Lempira | 0 | 6 | 63 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Ocotepeque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Comayagua | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| La Paz | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Intibucá | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| El Paraiso | 1 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42 | 32 | 0 | 93 |
| Olancho | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Atlántida | 2 | 6 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 1 | 18 | 72 |
| Colon | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 43 |
| Gracias a Dios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Morazán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 13 |
Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales del INA 2014-2024.
Siguiendo la línea anterior, las regiones con mayores hectáreas de tierras entregadas al sector reformando durante el período del 2014 al 2024 es Oriente, con 378,120.4, hectáreas, seguido de Comayagua, con 153,351.59, Occidente con 110,3847.26, Norte con 2,089.99, Sur con 1,011.84 y Bajo Aguán con 1,082.25. Al comparar estos datos con la producción agrícola que reporta el (CAN 2023-2024), se podría inferir que, en las regiones con mayores hectáreas entregadas al sector reformado, es donde existe mayor producción de granos básicos, es decir, el sector reformado es el que asume la producción agrícola para el consumo interno. Asimismo, se podría inferir, que las regiones con menos procesos de titulación, es donde se concentran los focos de conflictividad agrarias más álgidos, como la zona Norte, Choluteca y el Bajo Aguán y a la vez, donde existe mayor presencia de la producción agroindustrial: melón, sandía banano, palma africana, ocra y demás cultivos anuales que se exportan hacia el mercado internacional, como reportan los datos del (CAN 2023-2024),
Tabla No 4: Hectáreas de tierras entregadas al sector reformado por región según clasificación del INA (2014-2024)
| Región | Hectáreas |
| Norte (Cortes, Santa Barbara y Yoro) | 2,089.99 |
| Sur (Valle y Choluteca) | 1,011.84 |
| Occidente (Copan, Lempira y Ocotepeque) | 110,384.26 |
| Comayagua (Intibucá y La Paz) | 153,351.59 |
| Oriente (El Paraiso) | 387,120.4 |
| Olancho | 265.48 |
| Litoral Atlántico (Atlántida) | 309.65 |
| Bajo Aguan (Colo y Gracias a Dios) | 1,082.25 |
| Distrito central (Francisco Morazán) | 552.44 |
Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales del INA 2014-2024.
Por últimos y no menos importante, se puede inferir que los gobiernos no se han interesado en comprar tierras para potenciar el sector reformado. En el período del 2014 al 2024, un número limitado de 5,916.77 tierras han sido compradas para el sector reformado, en un país donde un aproximado de 300 mil familias no tienen tierra.
Tabla No 5: Compra de tierras por parte del gobierno para el sector reformado en hectáreas (2014-2024)
| Region | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 |
| Norte | 105.8 | 0.0 | 60.9 | 171.3 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 885.8 |
| Sur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Occidente | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| Comayagua (Central) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 3,102.7 | 239.4 |
| Oriente | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567.7 |
| Olancho | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 845.6 |
| Litoral Atlántico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bajo Aguan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Distrito central | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.7 |
Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales del INA 2014-2024.
iii. Agroindustria y transformación de la producción agrícola
En Honduras la producción agroindustrial supera a la producción de alimentos para el consumo interno. Aquí nos vamos a detener en tres temas. Primero, la vocación de la producción agrícola. En Honduras se producen 288,283.9 toneladas métricas de melón y 149, 927.9 toneladas métricas de frijoles, 87 mil toneladas métricas de sandia y 20 mil toneladas métricas de arroz y la caña de azúcar ocupa el 80.1% de los cultivos anuales. Segundo, el uso de la tierra en la producción agrícola. El total de áreas sembradas en cultivos permanentes donde se centra la producción agroindustrial es de 762 mil hectáreas y la de granos básicos de 404 mil hectáreas (CAN 2023-2024).
Tabla No 6: Categoría en la tenencia de la tierra (2014-2024)
| Tenencia | Hectáreas |
| Terrenos propios | 2,443,022.1 |
| Terrenos nacionales | 51,565.5 |
| Terrenos ejidales | 28,634.8 |
| Consejo territorial | 38,237.6 |
| Mediante arrendamiento | 144,969.1 |
| Dadas en arrendamiento | 36,278.8 |
| Otras formas no especificadas | 77,904.6 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística con información del Censo Agropecuario Nacional año agrícola 2023 – 2024
Tercero, la importación de granos básicos. En el caso del maíz, las estadísticas indican que en el período del 2021 al 2025 se muestra una tendencia al alta que representa 4.7 toneladas métricas de maíz, generando un gasto de aproximadamente 1,357 millones de dólares. El 97% del maíz se importa de EE. UU. El caso del arroz, Honduras ha importado 1 tonelada métrica de arroz, representado un gasto de 409.7 millones de dólares. El 95% del arroz se importa de EE. UU. (INE, 2021-2025). La economía hondureña es altamente dependiente de importación de alimentos de EE. UU., en un contexto de desarticulación de la economía campesina y la producción agrícola interna.
Tabla No 7: Importación y exportación de maíz y arroz en toneladas métricas (2021-2024)
| Años | Maiz | Arroz | ||
| Importación | Exportación | Importación | Exportación | |
| 2021 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2022 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0 |
| 2023 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 2024 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 2025 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| TOTAL | 4.7 | 1.1 | 1 | 0.9 |
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, comportamiento de las importaciones y exportaciones de arroz y maíz en Honduras (2021-2025)
En conclusión, la agroindustria ha trasformado la producción agrícola del país expandiendo la frontera de los productos permanentes, en detrimento de la producción de granos básicos y acrecentando la dinámica de una economía agrícola monopólica y dependiente de EE. UU. Esto ha generado un proceso masivo de importación de granos básicos, con altos costos para la economía nacional y la desarticulación de la economía campesina.
iv. La inseguridad alimentaria
Según datos de la FAO, para el 2024 en Honduras el 15.4% de población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria grave, es decir, personas que pueden pasar varios días sin comer. Las mujeres son las más afectadas con el 44.8% y los hombres con el 37.8%. Mientras que el 1.6 millones de personas se encuentran en condición de subalimentadas. Los datos de la FAO son concluyentes con las transformaciones que la agroindustria ha implementado sobre el campo agrícola en general.
En conclusión, los gobiernos han visto la importancia de la agroindustria por su peso económico en el PIB. Su hegemonía se basa en un pacto de clase dominante determinado por condiciones de acumulación capitalista, que agudizan contradicciones económicas y sociales en los territorios rurales y urbanos.
II. Propuesta para la transformación agrícola y desarrollo territorial autocentrado en Honduras
Las propuestas aquí desarrolladas son sistematizaciones realizadas en debates con diversas organizaciones campesinas e indígenas aglutinadas alrededor de La Vía Campesina Honduras (LVC-H), Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y la Mesa Agraria, que se constituyó en el proceso de transición del Gobierno de Xiomara Castro. Las discusiones se sostuvieron entre el período del 2017 al 2022. En este análisis se realiza un esfuerzo de síntesis desde una perspectiva estratégica y enfoque territorial.
Las propuestas se plantean en cinco líneas estratégicas:
Eje estratégico #1: Fortalecimiento de la institucionalidad agraria
Propuestas: 1) Creación del Gabinete Agrario, 2) Armonización de la normativa agrícola y derogación de PCMs que atentan contra el derecho humano a la tierra y a la alimentación y, 3) Creación de la Secretaria de la Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria
Impacto: Toma de decisiones coyunturales y estratégicas, con base a la coordinación interinstitucional y técnica de las instituciones públicas que gestionan y regulan el sistema agrario y alimentario en el país.
Eje estratégico #2: Acceso y tenencia a la tierra y a la propiedad indígena con enfoque de género
Propuestas: 1) Bolsa de tierras nacionales, ejidales y fiscales (suelos forestales, áreas protegidas y bosque étnicos), 2) Fondo para compra de tierras privadas en conflicto y litigio, 3) Fondo de tierras para mujeres rurales, 4) Derogación Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola y, 5) Revisión concertación y aprobación de la propuesta de Ley para la Transformación Agraria con equidad de género y enfoque étnico.
Impacto: Asegurar el derecho humano a la tierra, como punto de partida para la producción agrícola que promueva la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza rural y urbana.
Eje estratégico 3: Producción agroalimentaria para la seguridad alimentaria
Propuestas: 1) Construcción del Plan Nacional de Granos Básicos y Producción Agroecológica, 2) Ley de Semillas, 3) Ley de Agua, 4) Recuperación y creación de graneros municipales y regionales y, 5) Programa nacional de industrialización agrícola y mercados locales
Impacto: Potenciar la producción de granos básicos para la seguridad alimentaria de la población urbana y rural, bajo un enfoque de soberanía alimentaria que reduzca significativamente la dependencia alimentaria del mercado internacional.
Eje estratégico #4: Acceso a crédito y asistencia técnica especializada
Propuestas: 1) Política nacional de acceso a los servicios de producción agrícola: asistencia técnica, crédito, tecnología, capacitación para la producción y comercialización, 2) Reactivación del Programa CREDIMUJER y, 3) Programa Nacional de Producción de Insumos Agrícolas
Impacto: Sector productivo de pequeña y mediana escala accede a los servicios básicos para la producción agrícola.
Eje estratégico #5: Investigación agrícola y territorial para el desarrollo sustentable
Propuestas: 1) Fortalecer y ampliar la información estadística en materia agrícola y alimentaria a través de INFOAGRO, 2) Promover la investigación e inversión en sistemas de captación, almacenamiento y gestión del agua apropiados y de larga duración, 3) Construcción del instituto de investigación y experimentación de producción agroecológica, para el rescate a la investigación y la innovación en la tecnología agraria y, 4) Impulsar la escuela nacional de economía solidaria.
IV. A manera de conclusión: el exterminio agrario
La desigualdad es una violación a la dignidad humana, ya que deniega la posibilidad de que los seres humanos desarrollen sus capacidades. El exterminio aparece como un modo operandi, que se afianza en estructuras sistémicas del Estado y en múltiples dinámicas que se desarrollan en la sociedad como la discriminación, el resentimiento, las violencias y las exclusiones. En esa dirección aparecen los siguientes exterminios:
- Distanciamiento. Mediante una seria de normativas y políticas se profundizan las brechas de desigualdad, que promueven formas de distanciamiento. En el caso agrario sobresale el distanciamiento como el no reconocimiento del otro, es decir, personas y organizaciones que son negadas, desconocidas y discriminadas.
- Exclusión. El no reconocimiento del otro va marcando los umbrales de acceso, la clausura, el acaparamiento, la discriminación y la monopolización del espacio rural. En el caso agrario sobresale la exclusión como forma de despojo y extrahección (con violencia) de los derechos de la ciudadanía sobre la propiedad, el territorio y el medio ambiente. Sobre la exclusión se erigen las formas de acumulación capitalistas agrarias.
- Jerarquización. El no reconocimiento, el despojo y la extrahección son determinadas por agencias directas de jerarquización, que promueven subordinación, relaciones de control, estatus y roles específicos. En el caso agrario sobresale la securitización inteligente del territorio y la militarización como generalización de la superioridad de las clases dominantes, sobre las clases subalternas.
- Explotación: La securitización territorial refuerza la explotación mediante el abuso, el saqueo y la usura. En el caso agrario sobresale la explotación como forma capitalista de acumulación sobre la tierra, el capital, el trabajo y la naturaleza. La explotación es la culminación del círculo vicioso que abre la crisis y la conflictividad agraria, que se expresa a través de un exterminio agrario como forma de filosofía del capitalismo agrario y la dinámica agroindustrial en los territorios despojados.
En conclusión, la economía del saqueo libertario está reconfigurando las fuerzas económicas, políticas y sociales en el territorio. La motivación de blindar la agroindustria es una clara intención del régimen actual de alterar las relaciones económicas y políticas en el espacio rural, mediante mecanismos institucionales que tensionan los derechos humanos, como la protesta social, las formas de organización y los derechos territoriales, como el acceso a la tierra y el territorio. La finalidad es blindar los procesos de acumulación capitalista y acrecentar el despojo y el saqueo por la vía institucional. El Estado es importante y nunca ha dejado de estar.
* Egresado de la Escuela de Sociología y Trabajo Social de la UNAH.
