Ante la Creación de una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y un contexto que requiere del debate urgente sobre los problemas estructurales del país, como sectores campesinos nos pronunciamos de la siguiente manera:
1. Lamentamos que una estructura creada para concentración de Poder en el Gobierno de Juan Orlando Hernández como el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, sea la primera salida para resolver el problema estructural del derecho a la tierra de los campesinos, indígenas, juventudes y mujeres.
2. Desde la instalación de la Comisión, se han realizado un total de 5 desalojos de grupos campesinos que han implicado complejas violaciones a los derechos humanos, ese escenario nos lleva a considerar que ha sido prioridad el uso de la fuerza para la resolución de la conflictividad agraria, sin un verdadero proceso de investigación sobre la tenencia de la tierra y sin garantías de derechos humanos en el desarrollo de dichas acciones.
3. Nos preocupa la conformación de los equipos de trabajo en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria sin la representación del sector campesino y de organizaciones de derechos humanos. Asimismo, consideramos, que ha sido más expedito el abordaje militar de la conflictividad que las respuestas en relación al acceso y legalización de las tierras.
4. Es urgente asegurar las garantías para los y las campesinas y juventudes en su marco de exigibilidad de derechos, es importante que los diputados y diputadas del Congreso Nacional, retomen con urgencia el debate a la reforma al Código Procesal Penal (Art. 613) y todos aquellos que violentan los derechos civiles de los y las campesinas, marco legal que fue un instrumento de la narco dictadura para criminalizar y judicializar la protesta social.
Ante ese escenario demandamos:
1. Que la Comisión de Seguridad Agraria retome las propuestas presentadas por el movimiento campesino en las Mesas de Transición: Derogación de los PCM 030 – 2021 y su reforma en el PCM 041 – 2023, Derogación a los artículos 224, 248, 325, 378, 379 del Código Procesal Penal y la puesta en marcha de una Política de Desarrollo Agrícola Integral para la Soberanía Alimentaria con Enfoque de Género.
2. Le recordamos a la presidenta Xiomara Castro, su propuesta en el Plan Bicentenario:
a. Asegurar la legalización de las tierras agrícolas bajo el control de las agrupaciones de campesinos y campesinas beneficiarias de la reforma agraria, sanear y legalizar las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
b. Elaborar una estrategia contra la pobreza rural y por la soberanía alimentaria, enfocada en las zonas de mayor pobreza, distribuyendo tierras ejidales, nacionales y fiscales, incrementar la reserva estratégica nacional de granos básicos, c. Promover el establecimiento de huertos campesinos comunitarios para producción de hortalizas, verduras y frutas de consumo local, priorizando el uso de semillas criollas.
3. Que sean establecidos los mecanismos oportunos para asegurar la participación de los y las campesinas en la construcción de propuestas que estén relacionadas al tema agrario y para la resolución de la conflictividad agraria en Honduras.
4. La Derogación del Reglamento de Semillas aprobado en 2021 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, que prohíbe la siembra de semillas nativas y criollas y criminaliza a quienes “violenten” este mandato.
5. Es urgente que la OABI haga el traslado inmediato de las tierras incautadas al Instituto Nacional Agrario para que sean entregadas a los grupos campesinos y campesinas.
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de agosto, 2023
LA VÍA CAMPESINA – HONDURAS
Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), Honduras Concejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras (CILAH), Unión Campesina e Indígena de Honduras (UCIH), Frente Nacional de Juventud Campesina (FRENAJUC), Articulación de Mujeres para el Buen Vivir (AMBV).
