Más allá de las cifras: el femicidio en Honduras como expresión de la violencia estructural contra las mujeres 2020-2026

Por Bella Carrillo, feminista y activista hondureña

“Para mantenernos oprimidas,
necesitan que tengamos miedo.
La violencia nos hace sentir sin poder.”
Susana Draper (2024)

¿En qué momento la vida de una mujer se convierte en un dato estadístico femicida? ¿En qué momento dejamos de ver sus rostros, sus historias, sus sueños y sus proyectos de vida? ¿Qué tiene que pasar para que los expedientes de los miles de mujeres que aún esperan justicia dejen de acumular polvo en los archivos del Estado? ¿Hasta cuándo se seguirá justificando la violencia contra las mujeres bajo la narrativa de que las violencias de género es parte de nuestra cultura?

Reducir el femicidio a una estadística implica deshumanizar a las víctimas y normalizar una violencia que continúa siendo justificada bajo discursos que la presentan como parte de la cultura o como consecuencia de conflictos privados, en este análisis busca problematizar algunos elementos sobre las dinámicas del femicidio en Honduras y países de la región.

¿Qué es el femicidio? una mira situada desde Latinoamérica

Para poder hablar sobre femicidio es relevante reflexionar como las violencias de género son altamente compleja, debido a que requiere un análisis desde una mirada critica que analice el contexto social, cultural, económico y político, sobre todo desde perspectivas territoriales, dado que el femicidio no constituye un hecho aislado, sino la expresión más extrema de un continuo de violencias estructurales que atraviesan la vida de las mujeres entre ellas la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, simbólica y vicaria, entre otras.

Entonces entenderemos que el femicidio es el resultado del continuum de múltiples problemas estructurales, ante este fenómeno muchas feministas de la región han hecho un gran esfuerzo para poder conceptualizarlo partiendo de las realidades latinoamericanas, desde la perspectiva de la antropóloga y socióloga costarricense Montserrat Sagot, el femicidio no debe entenderse únicamente como el asesinato de una mujer, sino como una manifestación de la violencia misógina sustentada en estructuras de poder patriarcales. Esta forma de violencia ocurre en contextos donde las mujeres son consideradas objetos de posesión, control o castigo, y donde sus cuerpos son cosificados y utilizados para reafirmar relaciones de poder masculinas. Asimismo, Sagot señala que los femicidios pueden ser cometidos por parejas o exparejas, familiares, conocidos o desconocidos, y responden a una lógica social que busca disciplinar, controlar o castigar a las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Por su parte la antropóloga y feminista Marcela Lagarde señala que el feminicidio es «un delito de lesa humanidad que contiene los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso, el feminicidio es un crimen de Estado» (Lagarde y de los Ríos, 2008, p. 155)

Estas ideas nos dejan una mayor claridad de lo que nos referimos al hablar de femicidio, resaltando que este problema es estructural, limita los niveles de desarrollo de nuestros países por la falta de atención del Estado como garante de los derechos de las mujeres y niñas a vivir en espacios seguros que les permitan desarrollarse plenamente.

En este análisis se pretende examinar el comportamiento de los femicidios en los últimos años (2020-2026) a través datos estadísticos provenientes de organizaciones de la sociedad civil y fuentes académicas, con el propósito de identificar patrones, tendencias y características asociadas al fenómeno estudiado. Para ello, se abordarán indicadores relacionados con la distribución territorial de los casos, las edades de las víctimas, la relación existente entre víctimas y femicidas, así como las respuestas institucionales implementadas por el Estado.

El femicidio en América Latina y el Caribe: una problemática estructural y regional.

Si bien es cierto Honduras es uno de los principales países con las tasas más altas de femicidios en la región, este es un fenómeno que se perpetua en los 26 países del territorio, pero es importante podernos situar en este contexto para entender más sobre este fenómeno. Según los datos del Mapa Latinoamericano de Femi(ni)cidios analiza datos desde los años2023, 2024 y 2025 en América Latina y el Caribe se registraron 13,235 feminicidios, el 43,2% de ellos sucedieron en Brasil, seguido por Colombia, Guatemala, Ecuador y Honduras.

Entre las edades más afectadas se encuentran las de 21 y 30 años, con el 22%, seguidas por las edades entre 31 y 40. Esto demuestra un patrón: son las mujeres en las edades productivas las que más sufren violencias; sin embargo, esto no justifica las demás edades, ya que, según el mismo mapa, la más joven tenía menos de un año y la más adulta, 104 años. Otro factor que se resalta de estos datos es que, en el 19% (2,526) de los casos, la edad es desconocida, dejando un vacío por parte de la institucionalidad de cada país que limita el análisis para brindar respuestas y alternativas desde realidades concretas para hacerle frente a esta problemática.

Otro dato que es importante analizar es que, de los 13,235 feminicidios, registrados el 42% (5,635) fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima, es importante detenerse en este dato sobre la relación del agresor con la víctima, dado que existen diversas categorizaciones de femicidio, pero uno de los más frecuentes es el femicidio íntimo el cual constituye la manifestación más extrema de la violencia ejercida por la pareja o expareja.

Sin embargo, sus consecuencias trascienden a la víctima directa, afectando profundamente a las personas de su entorno, especialmente a sus hijas e hijos. De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (OPS) Comisión Económica para América Latina y el Caribe)(CEPAL) (2013), las y los menores que sobreviven a estos hechos enfrentan múltiples impactos emocionales y sociales, ya que no solo pierden a su madre como resultado del asesinato, sino que también suelen ver a su padre encarcelado, experimentar cambios abruptos en su entorno familiar y enfrentar procesos de estigmatización asociados al crimen cometido.

Otro dato que espreciso resaltar un dato del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL (2024), el cual señala que, en la región, 11 mujeres son asesinadas de forma violenta cada día, esto como consecuencia de la normalización de las violencias de género, a su vez evidencia la poca respuesta estatal de brindar y garantizar respuestas estratégicas desde perspectivas de género que prioricen la vida y el bienestar de las mujeres en la región.

Al analizar el dato sobre la modalidad del crimen se observa que las armas mas utilizadas son el arma de fuego y arma blanca, esto nos llama a reflexionar sobre los ejercicios de poder que un femicida puede practicar hacia los cuerpos de las mujeres como parte de los poderes de dominio, quien para Largarde, establece que estos son el conjunto de capacidades que permiten normar y controlar la vida de otras/os desde un rango y posición de superioridad, esto nos permite entender que el uso de instrumentos como las armas son un engranaje de esa lógica del dominio sobre las corporalidades de las mujeresa través de la fuerza, hasta llegar a la privación de la vida de las mujeres como expresión extrema del mandato patriarcal.

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el arma de fuego constituye “un elemento fálico que proyecta los valores de una supuesta masculinidad hegemónica”, lo que permite comprender cómo el acceso y uso de armas se relaciona con formas de poder y control ejercidas en contextos de violencia de género. Asimismo, la institución señala que la incidencia de las armas de fuego en las violencias contra las mujeres fue incorporada tardíamente a la agenda pública y de investigación.

Femicidio en Honduras: una violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres

Para ubicarnos en el contexto nacional nos centraremos en analizar los datos de Observatorio de Violencia del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), dado que es uno de los más actualizado al 2026, estas cifras nos permitirán comprender características específicas del comportamiento del femicidio en Honduras.

Tabla 1. Femicidios registrados en Honduras (2020– 30 de junio de 2026)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM, 2026).

Tabla 2. Muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras (2005–2024)

Fuente: Elaboración propia con base en el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS, 2025).

Los datos del CDM evidencian que entre 2020 al 30 de junio de 2026 se registraron 1,948 femicidios en Honduras, siendo 2023 el año con el mayor número de casos (386), seguido de 2021 (342). Asimismo, el IUDPAS (2025) señala que entre 2005 y 2024 se registraron 7,746 muertes violentas de mujeres y femicidios, destacando una tendencia creciente hasta 2013, cuando se alcanzó una tasa de 14.6 muertes por cada 100,000 mujeres. En conjunto, estas cifras evidencian que el femicidio es un problema estructural persistente en el país.

Tabla 3: Caracterización de los femicidios en Honduras según indicadores seleccionados, 2020–2026 (Datos tomados del observatorio del CDM)

Nota: El total de 1,948 corresponde al universo de femicidios registrados entre 2020 y el 30 de junio de 2026. Los acumulados por arma, parentesco, edad y lugar del hecho corresponden únicamente a las categorías analizadas y/o a los años para los que el CDM reportó esa información.

Al corroborar los datos se puede evidencia que los departamentos de Francisco Morazán y Cortés se mantuvieron de forma constante como los territorios con mayor incidencia con un total de 808 femicidios que representa el 41.5 % de los femicidiosen el período, lo que evidencia una alta concentración territorial del fenómeno, mientras que departamentos como Olancho muestran un incremento sostenido, hasta igualar a Cortés en 2025, indicando que la violencia feminicida se está expandiendo hacia otros territorios.

Respecto al mecanismo utilizado para cometer los femicidios, el uso de armas de fuego predominó ampliamente durante todo el período, con 1,134 casos, frente a 263 cometidos con arma blanca. Este patrón pone de manifiesto la estrecha relación entre la disponibilidad de armas de fuego y la letalidad de la violencia contra las mujeres, siendo el principal instrumento de sometimiento.

En cuanto al vínculo entre la víctima y el agresor, la categoría «desconocido» representa el mayor número de registros (805 casos). Sin embargo, esta información debe interpretarse desde una perspectiva critica, pues refleja limitaciones en los sistemas de registro y no necesariamente la ausencia de relación entre víctima y victimario. Entre los casos donde sí fue posible identificar el vínculo, destacan las parejas, exparejas o ambas categorías, confirmando que el femicidio intimo tiene una de las mayores representaciones en las formas y tipos de femicidio.

La población más afectada corresponde a mujeres de 20 a 29 años, con 371 víctimas, lo que evidencia que las mujeres jóvenes enfrentan un riesgo desproporcionado de ser asesinadas por razones de género. Esta situación representa una grave afectación a su proyecto de vida, autonomía y participación social de las mujeres. Finalmente, los datos disponibles para 2024-2026 muestran que los femicidios ocurrieron principalmente en espacios públicos (332 casos), seguidos por la vivienda (220 casos). Este hallazgo evidencia que la violencia feminicida trasciende el ámbito privado y se manifiesta también en el espacio público, reafirmando que las condiciones de inseguridad que enfrentan las mujeres constituyen un problema estructural que limita el ejercicio pleno de sus derechos, su autonomía y su libertad de circulación.

Estos datos nos llaman a la reflexión quelos femicidios en Honduras no responde al mero hecho de la condición de género, sino que existen otras formas de desigualdad estructural que perpetúan las violencias, como lo plantea Sagot (2024), la violencia contra las mujeres no puede comprenderse únicamente desde la desigualdad de género, sino también desde la intersección con otras estructuras de poder, como la clase social, la etnia, la edad, la nacionalidad, la situación migratoria, la ubicación geográfica y la sexualidad. Estas condiciones generan distintos niveles de riesgo y vulnerabilidad para las mujeres y evidencian que la violencia responde a relaciones de dominación que se producen y reproducen en el ámbito social.

Ante la violencia femicida ¿Qué alternativas surgen?

El femicidio como problema estructural han sido los movimientos de mujeres y feministas quienes han antepuesto este fenómeno en la discusión pública, evidenciándolo como un problema que limita el desarrollo pleno de sus vidas. Estos espacios son los que han propuesto alternativas para mitigar dicha crisis, sobre todo alejándose de la lógica de un Estado masculinizado que no coloca la vida de las mujeres en el centro, perpetuando la impunidad, la falta de justicia y las limitadas posibilidades de construir respuestas integrales para atender esta problemática.

Como lo plantea la feminista Amaia Pérez Orozco (2021) que “los feminismos han sabido utilizar los momentos de crisis para realizar aprendizajes cruciales; y en gran medida, esto se ha debido a su capacidad para mirar desde la vida, y con énfasis especial, desde las experiencias cotidianas de las mujeres” (p. 165).

Hace unos días en Honduras se desarrollo el I Encuentro Mesoamericano Feminismo Campesino Popular, realizado en la Escuela de Agroecología “Margarita Murillo”, un espacio integrado por mujeres campesinas e indígenas aglutinadas en la Articulación de Mujeres de la CLOC – VIA CAMPESINA Mesoamérica, este espacio permitió problematizar la situación del femicidio en la región, recordándonos que, si lo contrario del femicidio es la vida, debemos de crear alternativas para que la vida y la libertad de las mujeres prevalezca, Desde sus planteamientos, esto no puede lograrse mientras las mujeres continúen siendo atravesadas por múltiples desigualdades, entre ellas, las limitaciones en el acceso a la tierra como un medio esencial para alcanzar su autonomía. Por ello, resulta fundamental garantizar que las mujeres puedan acceder a la tierra y participar plenamente en las decisiones sobre sus territorios.

Asimismo, se analizaba la necesidad de construir otras realidades desde las colectividades en los territorios, reconociendo las problemáticas propias de cada contexto e incorporando a los hombres como parte del problema, pero también en los procesos de transformación, a través de espacios formativos orientados a la construcción de nuevas masculinidades. Otro punto que se establecía era la cuestión de los cuidados, si no atendemos este problema, seguiremos colocando sobre las mujeres la responsabilidad exclusiva de cuidar, reproduciendo una posición de desigualdad. Por ello, urge la creación de programas y proyectos que permitan que las mujeres no sean las únicas responsables de los cuidados y que estos sean asumidos como una responsabilidad colectiva y social.

Otro aspecto clave es la necesidad de que existan procesos de formación ideológica y política para las mujeres, sobre todo para las mujeres del campo, con el propósito de fortalecer un pensamiento crítico y una conciencia que les permita reconocerse como sujetas políticas y de derechos. Por otro lado, se recalcó la importancia de la soberanía alimentaria como parte de los espacios de vida en los territorios y como un elemento fundamental para fortalecer la autonomía de las mujeres.

Al analizar algunas de las propuestas que este espacio permitió profundizar, se puede observar cómo la atención a la problemática del femicidio no debe centrarse únicamente en la cuestión jurídica, sino abordarse como un problema estructural, construyendo alternativas desde un enfoque más social. Si bien es cierto que se necesitan mejores mecanismos para fortalecer las respuestas institucionales y jurídicas, como reformas a las leyes, creación de protocolos especializados para la investigación de los femicidios, capacitación de las y los operadores de justicia y fortalecimiento de las alianzas entre las organizaciones de mujeres y las instituciones, estos elementos por sí solos no son suficientes. Las respuestas deben partir de una mirada integral que permita atender las distintas dimensiones que sostienen y reproducen la violencia femicida y, de esta manera, hacer frente a la crisis.

En conclusión, Honduras atraviesa una crisis sistémica marcada por problemas estructurales y, con ello, mantiene una deuda histórica con las mujeres en la garantía plena de los derechos conquistados a través de las luchas permanentes de los movimientos de mujeres y feministas del país. Ante esta ola de violencias, resulta crucial que estos espacios mantengan y fortalezcan su organización para la construcción y sostenibilidad de alternativas frente a la violencia femicida, y que el Estado hondureño asuma con responsabilidad las propuestas que históricamente han surgido desde estos espacios.

No se pueden construir respuestas únicamente desde las estructuras de poder del Estado, particularmente cuando estas continúan atravesadas por lógicas patriarcales, coloniales y clasistas que excluyen y precarizan los cuerpos feminizados. Las alternativas han estado y seguirán estando también en los espacios construidos colectivamente por las mujeres como respuesta a los vacíos que deja el Estado, desde los territorios, las comunidades y las experiencias de quienes enfrentan cotidianamente las violencias. Es desde estas colectividades donde se han construido otras formas de resistencia, organización y sostenimiento de la vida, colocando en el centro la autonomía, la justicia y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias.