Tras años de abandono en el sector agro, derechos humanos y en temas de medio ambiente, las expectativas con el nuevo gobierno liderado por Xiomara Castro fueron muchas, debido a su posicionamiento público que mantuvo en su campaña política.
Dentro de los logros que ha obtenido resalta temas en justicia ambiental, recursos naturales, derogación a las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE) y algunos avances en el agro.
Durante el golpe de estado y los años siguientes, Honduras entro en una crisis de despojo de tierras y violencia debido a las políticas y proyectos impulsados por los gobiernos de turno en beneficio del capital nacional e internacional, con mecanismos como la criminalización y privatización.
Los grupos más afectados por las políticas implementados por años fueron las comunidades rurales, garífunas, indígenas, y campesinas del país.
Según un estudio realizado por la Vía Campesina, entre el 2010 hasta noviembre del 2021 se registraron más de 170 asesinatos y alrededor de 4 mil casos de judicialización en contra de personas defensoras del territorio, el ambiente y la tierra.
Al ejecutar la derogación de la Ley ZEDE se logra resguardar la soberanía nacional y la autonomía territorial, otro avance importante en la administración de Castro ha sido la declaración sobre la eliminación de los permisos de explotación minera a cielo abierto realizada por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Miambiente).
En ese sentido, en la declaración se detalló que se cancelaba la aprobación de los permisos de explotación y extractivismo por ser lesivos en contra del Estado hondureño, que atentaban en contra de los bienes naturales, la salud pública y limitaban el acceso a agua como derecho humano.
Uno de los pasos más significativos bajo el mandato actual ha sido la implementación de la mesa de resolución de conflictividad agraria en el Bajo Aguan.
Dentro de la mesa instalada por el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Secretaria de Seguridad, se desarrollan tres mesas.
La primera que es la mesa técnica cuyo fin es apoyar a las empresas campesinas en la administración agrícola, la segunda que es la tripartita que es la encargada de restaurar los derechos humanos y la tercera que es la jurídica que su fin es investigar la naturaleza de los títulos de propiedad, es decir, si los títulos son de los campesinos, terratenientes o agroindustrial, con la finalidad de establecer legalmente la seguridad jurídica sobre la tierra.
Siempre enfocados en el sector campesino la implementación del bono tecnológico ha sido una medida compensatoria que servirá al rubro a producir granos básicos como; maíz frijol y arroz, además de tener insumos agrícolas como semillas y fertilizantes. Han anunciado la inversión de 700 millones de lempiras para la siembra de postreras.
Entre otros logros destacados se encuentra la apertura del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANADESA y avances sobre el Acuerdo de Escazú.
Ciertamente, la puesta en marcha de dichas medidas beneficia a algunos grupos que por años han sido vulnerados, sin embargo, no soluciona las problemáticas, por lo que se espera que con el paso de los meses las secretarias y autoridades competentes puedan fortalecer las medidas y solucionar las problemáticas, se espera a futuro abordar los problemas estructurales que vive el campesinado hondureño.
